Ley de Transparencia

Los organismos estatales están obligados a entregar la información solicitada por los ciudadanos en un plazo máximo de veinte días.
En un acto desarrollado el día lunes 11 de agosto por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se promulgó en Chile la Ley sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de los Órganos de la Administración del Estado.
Esta nueva legislación permite reducir las áreas de secreto existentes en la gestión de la administración pública, la ley exige a todos los organismos estatales entregar en un plazo máximo de veinte días la información que cualquier ciudadano desee solicitar, con lo que finalmente se puede llevar a la práctica el principio establecido en la Constitución Política de que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen".

Adicionalmente, de forma obligatoria las reparticipaciones públicas deberán entregar, a través de sus sitios Web, información actualizada respecto a materias como su estructura, su personal, las remuneraciones que reciben sus empleados, los contratos firmados con otras instituciones, las transferencias de fondos efectuadas y los resultados de las auditorías practicadas en su interior.

Uno de los aspectos centrales de la ley es la creación del Consejo para la Transparencia, institución que tiene la misión de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y defender el derecho a acceder a la información que disponen los organismos del Estado. Además, los ciudadanos que no reciban los antecedentes que han solicitado podrán recurrir a esta instancia para que ella defina si la información requerida es o no de carácter público.

El Consejo para la Transparencia está integrado por cuatro miembros, los que son propuestos por la Presidencia de la República y ratificados por el Senado. Debe estar conformado en un plazo de 60 días a partir de la fecha de promulgación de la Ley.

Uno de los acontecimientos que impulsó con más fuerza la discusión sobre la necesidad de contar con una ley que garantice el acceso a la información pública fue un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 condenó al Estado de Chile por denegar el acceso a información que disponía el Comité de Inversiones Extranjeros sobre la empresa forestal Trillium.